Registros revelan papel del gobierno local en infracciones menores de tráfico que resultaron en deportaciones

Días antes de que su esposo fuera deportado a su natal México en febrero de este año, una mujer de Las Vegas llevó a sus hijos a la cárcel para que vieran a su padre.

La mujer, a quien The Nevada Independent identifica por sus iniciales como M.A.M. para proteger la identidad de sus hijos, dijo que trató de ser fuerte después de que su esposo fue detenido en enero. Una parada de tránsito ocurrida en el Este de Las Vegas dejó en evidencia multas pendientes de pago que habían generado órdenes de arresto.

El más pequeño de sus tres hijos, un niño de 6 años, regresó a casa visiblemente afectado después de la visita.

“Se me dejaba caer, sentí que se me iba a desmayar”, dijo la madre entre lágrimas mientras contaba su historia a una reportera en un local en el área centro de Las Vegas. “Lloraba con el corazón, con un dolor que no sé explicar. Me decía: ‘¡Mami, mi corazón se me rompió!

El caso de su esposo plantea preguntas para los legisladores, quienes están considerando si continuar clasificando como delitos, citatorios por infracciones de tránsito que, si no se pagan, pueden convertirse en órdenes de arresto. El ingreso a una cárcel pone a inmigrantes indocumentados bajo el radar de las autoridades migratorias y puede conducir a la deportación.

El análisis de los documentos obtenidos por The Nevada Independent a través de una solicitud de registros públicos muestra que desde enero hasta mediados de septiembre de 2018, hubo 138 casos en los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó a Henderson o a la Ciudad de Las Vegas que pusiera una retención de inmigración a detenidos por cargos no más graves que una infracción de tránsito.

La falta de una licencia de conducir se mencionó en 105 de esos casos y se giraron órdenes de detención en 95 casos; en cuatro casos, al parecer las personas llamaron la atención de la policía debido a problemas con las luces de sus bicicletas, y en dos casos, fueron detenidos por cruzar la calle de forma indebida.

Estas cifras no incluyen los arrestos del Centro de Detención del Condado Clark, que es operado por el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD). La agencia rechazó la petición de The Nevada Independent para revisar los registros de arrestos y las solicitudes de detención de ICE que podrían ayudar a determinar cuántas personas fueron captadas por el radar de ICE sólo por un problema de tránsito. Metro dijo que  ICE consideraba la información como confidencial.

La deportación del padre de familia, y la falta de acceso a documentos acerca de cómo está cooperando Metro con ICE generan preguntas acerca de si un cambio reciente en una política articulada por el Alguacil de Las Vegas, Joe Lombardo, con la intención declarada de no enviar a la gente a un proceso de deportación debido a problemas de tránsito, realmente está evitando deportaciones por delitos menores.

“Me pareció que la declaración del alguacil sólo habla acerca de quién llena el papeleo, no del asunto realmente importante de ¿está trabajando activamente con ICE para deportar a personas que sólo tienen infracciones de tránsito?”, dijo Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV. “Y esa es la pregunta realmente importante”.

Oficiales de Metro señalan que no transfirieron al padre de familia a ICE, pero lo entregaron a la custodia de otras jurisdicciones del Sur de Nevada, mismas que no han hecho declaraciones sobre políticas como las de Lombardo. La Ciudad de Henderson y la Ciudad de Las Vegas dicen que notifican a ICE acerca de quiénes tienen en custodia, independientemente de la gravedad de los cargos. El padre de familia estaba en la cárcel de Henderson cuando fue puesto bajo custodia de ICE.

La deportación ha afectado a los tres hermanos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Su madre dijo que las calificaciones de los dos hijos mayores, de 15 y 17 años, han bajado, y que ya no quieren ir a la escuela.

En las semanas siguientes a la deportación del padre, la familia tuvo que trasladarse a California para quedarse con parientes porque ya no podían vivir por su cuenta. Esa mudanza ha afectado aún más el rendimiento académico de los hijos.

“Mi papá no es un criminal. No ha matado a nadie. Solo tuvo dos infracciones de tránsito que ni siquiera fueron de un grado alto”, dijo uno de los jovencitos. “Él no estaba legalizado aquí, pero no fuimos enseñados a ser criminales, y solo espero que [las autoridades] no separaran a otras familias como lo están haciendo”. 

Una mujer (izq.) quien no quiso ser identificada, habla, durante una entrevista, acerca su esposo quien fue deportado a México. Centro de Trabajadores de Arriba Las Vegas. Lunes 25 de febrero de 2019. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

El camino a la deportación

M.A.M. se frotaba las manos y lloraba mientras relataba el calvario que ha vivido su familia.

Ella dijo que su esposo entró ilegalmente a los Estados Unidos y trató de obtener estatus legal en los años 80 con ayuda de los empleadores que tenía en ese momento. Pero una emergencia personal lo obligó a regresar a México, interrumpiendo el proceso para legalizar su estatus.

M.A.M. explicó que no recordaba con claridad si su marido llegó a pedir ayuda a un abogado de inmigración certificado, o a un notario, pero dijo que cuando regresó a los Estados Unidos dos años más tarde, su marido no pudo localizar a esa persona, por lo que el caso se estancó.

“Como persona de bajos recursos, no tuvo escuela suficiente como para saber a quién dirigirse”, agregó M.A.M.

Ese proceso pendiente es el que causó problemas cuando el padre de familia fue detenido mientras conducía en el Este de Las Vegas el 14 de enero. El portavoz de Metro, Aden Ocampo Gómez, dijo que el padre de familia inicialmente usó un alias para identificarse ante el agente que lo detuvo, pero cuando se le dijo que coincidía con la descripción que se tenía en archivos, dio su nombre verdadero y reconoció que tenía órdenes de aprehensión.

Los documentos de la familia exponen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó una orden de arresto en su contra al día siguiente de su detención, lo que indica que tenía una orden final de deportación en su contra. ICE señaló que el padre de familia había ingresado al país previamente de manera ilegal cerca de Ajo, Arizona, el 12 de agosto de 2010; entonces su caso fue procesado como una expulsión acelerada y fue enviado a México el 13 de agosto del 2010.

Todas las órdenes en su contra — de North Las Vegas, Metro y Henderson — se derivaron de multas de tránsito sin pagar por no ceder el paso y conducir sin licencia. Ese tipo de órdenes de detención se pueden eliminar a veces con la ayuda de abogados voluntarios en clínicas de la comunidad, si se pagan las multas, pero en ocasiones los inmigrantes indocumentados no las eliminan porque no tienen dinero para pagar la infracción o están evitando más interacción con el sistema legal por temor a ser deportados.

Los registros públicos muestran que después de que el padre de familia abandonó el Centro de Detención del Condado Clark el 16 de enero, fue a la Cárcel de la Ciudad de Las Vegas para despejar una orden de detención en North Las Vegas.

La Ciudad de North Las Vegas dijo que el hombre permaneció en custodia ahí debido a dos órdenes de detención. North Las Vegas no opera su propia cárcel; tiene un contrato con la Ciudad de Las Vegas, la cual dice que coopera con ICE.

“La ciudad cumple con el programa 287 (g) de Inmigración y Aduanas (ICE) que requiere la notificación de ICE si los inmigrantes indocumentados que han cometido un crimen se registran en la cárcel de la Ciudad de Las Vegas”, indicaron en un comunicado oficiales de esa dependencia.

El padre de familia luego se dirigió al Centro de Detención de Henderson el 23 de enero para resolver el desacato a una orden por $2,100 interpuesta por la corte de la Ciudad de Henderson. Pasó tres semanas ahí cumpliendo su condena por ese asunto y luego fue transferido a la custodia de ICE, como resultado de una orden de detención, indicaron autoridades de Henderson.

Este 19 de febrero fue enviado de regreso a México, donde vive con su hermana, y donde ha estado batallando para encontrar un empleo estable, ya que tiene una lesión que sufrió en su lugar de trabajo mientras estuvo en la unión americana.

El programa 287 (g) bajo la lupa

Una mujer (izq.) quien no quiso ser identificada, habla, durante una entrevista, acerca su esposo quien fue deportado a México. Centro de Trabajadores de Arriba Las Vegas. Lunes 25 de febrero de 2019. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

El caso de este padre de familia se dio en medio de las recientes averiguaciones sobre el acuerdo 287 (g) entre ICE y LVMPD. A través del acuerdo, oficiales de policía local y estatal reciben capacitación para realizar dentro de las cárceles algunas funciones de agentes de ICE.

Los críticos dicen que es inapropiado para Nevada gastar recursos locales para servir como un multiplicador de fuerza para ICE; una agencia que algunos activistas piensan que ni siquiera debería existir. A principios de febrero, activistas realizaron una conferencia de prensa afuera de las oficinas de Metro para protestar por la participación de la agencia en el programa y describieron al departamento como parte de “una maquinaria de deportación”.

Al día siguiente, el cabildero de la policía de Las Vegas, Chuck Callaway, dijo al Comité Judicial de la Asamblea que Metro fue cambiando su política de manera que las personas detenidas por delitos menores no pudieran ser arrestadas tan fácilmente y puestas bajo la custodia de las autoridades federales de inmigración.

Lombardo explicó el cambio en Twitter:

“Tomé la decisión el año pasado para que mi personal de no interponga retenciones a personas que SOLO tienen infracciones menores de tránsito. El proceso implica una revisión muy detallada de los antecedentes penales de un detenido antes de que se haga una determinación para girar una retención”, escribió este 13 de febrero.

Debido a que la agencia no ha publicado registros relacionados con su asociación con ICE, es imposible verificar si la agencia está manteniendo esa práctica.

Los defensores de los inmigrantes no niegan que muchas personas en Nevada son elegibles para la deportación, pero dicen que es cuestión de que las autoridades den prioridad a recursos limitados y se enfoquen en la prevención de delitos graves.

El centro Pew Research ha estimado que casi el 8 por ciento de la población de Nevada, o más de 200,000 personas, son indocumentadas.

“Sin embargo, el problema es quién es su prioridad, y esa es realmente la gran batalla porque toda la retórica de ICE y de la administración y del alguacil es acerca de combatir a serios criminales”, dijo Kagan. “Pero luego, si alguien simplemente tiene una condena menor de tráfico, es diferente de lo que se le dice al público sobre quiénes son los objetivos”.

ICE no proporcionó estadísticas solo para el estado de Nevada, pero reportó que su oficina en Salt Lake City, que incluye a Nevada, Utah, Idaho y Montana, registró 5,754 arrestos en el año fiscal 2018 y deportó a 3,408 personas ese año.

Un debate en torno a las políticas

Una mujer (izq.) quien no quiso ser identificada, habla, durante una entrevista, acerca su esposo quien fue deportado a México. Centro de Trabajadores de Arriba Las Vegas. Lunes 25 de febrero de 2019. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

Los legisladores de Nevada han tomado medidas para atender situaciones difíciles como las que enfrenta el padre de familia, aunque algunos de esos esfuerzos parecen no avanzar. Uno es la iniciativa AB411, que haría que los actos que actualmente son considerados delitos — como conducir sin una licencia válida, una razón común por la cual los inmigrantes terminan en la cárcel — se conviertan en una infracción civil en lugar de un delito menor que puede derivar en una orden de detención y cárcel.

Algunos estados ya están tratando las infracciones como de carácter civil. Kagan cree que el actual acuerdo de Nevada sirve como una red de pesquisa que ayuda a ICE a recoger deportados.

“Están usando las multas de tránsito como un vehículo… para encontrar personas que puedan deportar”, dijo.

Pero este jueves, el presidente del Comité Judicial de la Asamblea, Steve Yeager, comentó que no está seguro de que la iniciativa prospere. Los municipios han expresado su preocupación por los aspectos logísticos de la aplicación de la ley y han cuestionado qué recurso tendrían para las personas que simplemente no se presenten en la corte.

Los líderes legislativos también sepultaron la iniciativa AB281, que hubiera impedido que las autoridades pudieran mantener a alguien bajo custodia para entregarlo a inmigración sin una causa probable de que se hubiera cometido otro crimen.

Aunque el proyecto de ley explícitamente preservó el acuerdo 287 (g) y el derecho de las autoridades a compartir información con ICE, tuvo una fuerte oposición de los Republicanos, quienes dicen que convertiría a Nevada en un estado santuario. Esos críticos se adjudicaron la victoria después de que la iniciativa fue derrotada.

Los líderes de la Asamblea dicen que la narrativa alrededor del proyecto de ley se había salido de control y, debido a que Metro dice que ya está haciendo las cosas que requiere dicha iniciativa, querían promover una ley que haría una diferencia en la vida de las personas.

También se refirieron a la AB376, una iniciativa de ley que está avanzando y que pide la publicación anual de información estadística acerca de cuántas personas está transfiriendo la policía local a ICE y qué cargos en primera instancia las llevaron a terminar en la cárcel.

“No estamos bajando la guardia para nada. Sólo estamos diciendo, vamos a hacernos una idea de lo que es preciso”, dijo la Líder de la Mayoría Demócrata en el Pleno de la Asamblea, Teresa Benitez-Thompson. “Vamos a asegurarnos de que sabemos lo que está pasando y cómo son las prácticas de un condado a otro, y esos son los datos que vamos a recopilar”.

Mientras tanto, la familia tiene que lidiar con las consecuencias tras la deportación del padre. También ha empezado a faltar el dinero.

M.A.M. dijo que ella y su esposo acordaron que él se encargaría de salir a trabajar para que ella pudiera quedarse en casa con los hijos y así brindarles más atención. Ahora, siendo el único sostén económico, luego de conseguir un empleo en California, M.A.M. confesó sentirse triste porque ya no podrá cuidar a sus hijos como lo hacía antes.

Y los niños extrañan a su padre.

“Hablar… bromear con él”, dijo la mayor de tres hermanos acerca de una de las cosas que más extrañan de su papá. “A veces hacíamos enojar a mi mamá, pero era divertido. Así jugábamos entre todos”.

M.A.M señaló que las autoridades deberían enfocarse de verdad en criminales que cometen delitos graves y que debería tomarse en cuenta que las circunstancias de cada persona son diferentes.

“Es el dinero a veces el que no nos deja hacer las cosas bien como queremos”, dijo acerca de su esposo. “Él se esforzó, pero no alcanzó a juntar para detener el arresto”.

Registros revelan papel del gobierno local en infracciones menores de tráfico que resultaron en deportaciones

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